Además, incorpora diversas medidas que apuntan a disminuir la duración de la tramitación de las diferentes autorizaciones sectoriales. Destacan entre estas la habilitación de declaraciones juradas y avisos en casos de bajo riesgo y las normas de procedimiento que dan aplicabilidad al silencio administrativo; además, establece plazos máximos para resolver, entre otras. Estas medidas lograrán reducir los tiempos efectivos de tramitación de estos permisos y, en consecuencia, la duración total promedio de la tramitación de los proyectos de inversión.

Sin embargo, en un hecho sorprendente, un grupo no menor de diputadas y diputados ha recurrido al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos del texto, esgrimiendo argumentos tales como que la ley atentaría contra el derecho a la salud de las personas y el derecho a vivir en un ambiente limpio. Lo paradójico es que la ley no contempla cambios en el funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental.

Es lamentable que, siendo este uno de los proyectos estrella del actual Gobierno, que permitirá crear condiciones para el crecimiento sostenido de la economía chilena, disminuyendo los tiempos de respuesta y entregando mayor certeza a inversionistas de distinto tamaño que quieren contribuir al desarrollo de nuestro país, se enfrente a este tipo de dificultades.

Confiamos en que el Tribunal Constitucional, conforme a su alta investidura, velará por los intereses permanentes de nuestro país.